TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal y el fiscal federal Craig Carpenito anunciaron el día de hoy que una compañía de construcción del condado de Burlington indemnizará a Nueva Jersey por una cantidad mayor a $499,000 con el fin de resolver alegatos de que cometió múltiples infracciones de la Ley de Reclamos Falsos al firmar un contrato de proyectos de construcción pública, mientras que pagaba a sus trabajadores un salario por hora menor a lo que requerían las leyes estatales y federales.

Bajo un acuerdo de compensación que resuelve una investigación conjunta a nivel estatal y federal, Ranco Construction, ubicada en Southampton, pagará un total de $1.5 millones, de los cuales $499,886 están destinados al estado. El acuerdo de compensación surgió como resultado de una investigación sobre las prácticas laborales de Ranco en Nueva Jersey, realizada por la Sección de Fraude al Gobierno y al Cuidado de la Salud de la División de Leyes, en cooperación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey.

La investigación comenzó luego de que un ex empleado de Ranco interpuso una demanda federal a nivel qui tam (denuncia de irregularidades) contra la compañía. En dicha demanda, el ex empleado alegó que Ranco celebraba habitualmente contratos de construcción con varias entidades estatales, así como municipios y distritos escolares (contratos que estaban sujetos a tarifas de salario por hora establecidas por la Ley de Salarios Habituales de Nueva Jersey), pero que pagaba menos a sus trabajadores, y luego falsificaba los registros de nómina de la compañía para ocultar dicha conducta. Se alega en la demanda que Ranco cometió el mismo fraude en relación a trabajos de construcción con organismos federales, incluyendo varios proyectos para el Departamento federal de Defensa.

"Las reglas son simples: si una compañía de construcción desea hacer negocios con el estado de Nueva Jersey, tiene que pagar a sus empleados un salario justo. Ranco tomó el dinero del estado pero no cumplió con su parte del acuerdo", señaló el fiscal general Grewal. "Como parte del acuerdo de compensación fijado el día de hoy, hemos recuperado casi medio millón de dólares a favor de los contribuyentes de Nueva Jersey. Y más importante aún, enviamos un mensaje importante: todo vendedor que haga negocios con entidades públicas en Nueva Jersey debe actuar con integridad y honestidad, o de lo contrario tendrá que rendir cuentas".

"Las compañías que firmen un contrato con el gobierno federal asumen una obligación de pagar un salario justo a sus empleados", indicó el fiscal federal Carpenito. "Cuando un contratista paga salarios insuficientes y luego certifica falsamente que cumplió con el gobierno, no solamente están engañando a sus empleados, sino que gana una ventaja injusta en el proceso de licitación de contratos, y todo a expensas de los contribuyentes".

La investigación conjunta a nivel estatal y federal sobre las prácticas laborales, salariales y de contabilidad de Ranco comenzaron después de que un ex empleado tramitó una demanda ante el Tribunal Distrital Federal en Nueva Jersey, en 2015.

Dicho trabajador, quien fue empleado de Ranco por un total de nueve años (iniciando como obrero y luego como electricísta), se marchó de la compañía en 2016. En su demanda, alegó que Ranco lo obligó a abandonar su empleo debido a que protestó las presuntas prácticas ilícitas de la compañía.

Como parte del acuerdo de compensación que se anunció el día de hoy, Ranco negó toda responsabilidad o conducta inapropiada. Según el acuerdo, un 17 por ciento de la indemnización a Nueva Jersey estará destinada al ex empleado que demandó a Ranco. Otros $71,689 está destinado a pagar una restitución, específicamente el cumplimiento de salarios sin pagar, a cuatro trabajadores de Ranco, incluyendo el ex empleado que interpuso la demanda.

La fiscal general asistente Janine Matton, el fiscal general adjunto Paul Juzdan, y la fiscal general adjunta Carla Pereira de la Sección de Fraude al Gobierno y al Cuidado de la Salud de la División de Leyes, así como el fiscal general adjunto Nicholas Kant, quien formaba parte de la Sección de Fraude al Gobierno y al Cuidado de la Salud y ahora se desempeña como subjefe de la Sección de Banca y Seguros, gestionaron el asunto de Ranco en nombre del estado.

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