TRENTON – Con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores de Nueva Jersey, el fiscal general Gurbir S. Grewal unió su voz a un informe multiestatal que insta al National Labor Relations Board (Junta Nacional de Relaciones Laborales, NLRB, por sus siglas en inglés) a dictar un veredicto indicando que la decisión intencional por un empleador de "clasificar erroneamente" a sus empleados como "contratistas independientes" viola las leyes laborales federales.

Los fiscales generales de Nueva Jersey y Massachusetts, así como los fiscales generales de 10 estados adicionales piden a NLRB que defienda un fallo respecto a compañías que se dedican a prácticas laborales injustas cuando clasifican erronea y deliberadamente a sus empleados como contratistas independientes.

Según lo explica el informe, los empleadores que clasifican erroneamente a sus trabajadores "no efectúan pagos a los sistemas de desempleo, ni mantienen una cobertura adecuada relativa a compensación laboral, ni asumen su parte de impuestos laborales, ni observan estándares de seguridad en el trabajo, ni pagan en conformidad con los estándares mínimos establecidos por la ley".

"Debemos tomar medidas contundentes contra el hurto de salarios", dijo el fiscal general Grewal. "Un número cada vez mayor de empleadores clasifican erroneamente a sus trabajadores como 'contratistas independientes' ya que piensan que ésto les resulta más barato que hacer las cosas debidamente. Pero esta práctica no solo es ilegal; logra un empobrecimiento mayor de las comunidades de Nueva Jersey a la larga, ya que deniegan a los trabajadores los salarios y beneficios a los que tienen derecho legítimo, y que son esenciales en construir una economía justa y próspera. Nos enorgullece unirnos a otros estados en la lucha contra este creciente problema".

Robert Asaro-Angelo, comisionado de trabajo, señaló que "la clasificación erronea de los trabajadores puede tener un impacto devastador en sus vidas, desde ingresos perdidos hasta riesgos a su seguridad. Es importante que los empleados conozcan sus derechos y que los empleadores sepan que las agencias gubernamentales trabajan juntas a fin de eliminar esta práctica explotadora".

El gobernador Phil Murphy describió al trabajo como "la columna vertebral" de la economía de Nueva Jersey, ya que los miembros de sindicatos conforman más de un 16 por ciento de los trabajadores asalariados del estado. La clasificación erronea, la cual es una tendencia en aumento, representa una amenaza directa a la fuerza laboral de Nueva Jersey. Según lo argumentó Nueva Jersey y otros estados, entre otros perjuicios causados por la clasificación erronea se deniega a los empleados afectados la capacidad de organizarse, y se les deniegan protecciones que garanticen un pago justo, una compensación laboral adecuada, condiciones laborales seguras, y un entorno libre de discriminación.

A la misma vez, el informe explica, "la evasión fiscal por parte de los empleadores resulta en costos anuales a los estados que figuran en los cientos de millones de dólares en cuanto a ingresos". El informe cita un estudio efectuado en 2009 por el Departamento de Tesorería de EE.UU. que ubica el costo federal total de clasificación laboral erronea en unos $54 mil millones por concepto de impuestos no reportados, incluyendo unos $15 mil millones en impuestos sin pagar bajo la Ley de Contribución al Seguro Federal (FICA, siglas en inglés) y en impuestos de seguro por desempleo. Algunas auditorías sugieren que los empleadores que evaden la nómina y otros impuestos al clasificar erroneamente a los trabajadores le cuestan a Nueva Jersey más de $500 millones en ingresos fiscales anuales.

Los estados participantes señalan que la clasificación erronea impacta a los empleados con bajos ingresos en vocaciones tales como construcción, limpieza comercial, transportación, y trabajo en salones de uñas. No obstante, como indican los estados, la clasificación erronea se encuentra ahora en "expansión" hacia profesionales en disciplinas tales como la docencia, enfermería, y psicología, a menudo sin que los empleados afectados se percaten de ello.

"Algunos trabajadores ni siquiera saben que se les trata como contratistas independientes y no como empleados, hasta que llega la hora de tramitar sus declaraciones de impuestos y su empleador les entrega un Formulario 1099, en vez de un Formulario W-2", mencionaron los estados.

El informe de los estados continúa indicando que, bajo la ley estatal y federal, "los empleadores tienen muchas más responsabilidades hacia sus empleados que hacia los contratistas independientes". Por ejemplo, los empleadores que no practican la clasificación erronea deben adherirse a leyes que regulan los plazos, la manera, y la cantidad de pagos salariales a sus empleados. Asimismo, los empleadores no pueden discriminar o acosar a sus empleados en base a un estado de protección; deben contribuir a ciertos programas de "margen de seguridad" a beneficio de sus empleados, incluyendo compensación laboral y seguro en caso de desempleo, y están regidos por las reglas federales de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, siglas en inglés), diseñadas para proteger a los trabajadores contra lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo.

"Claramente, esto tiene que ver con ingresos perdidos por los estados, pero también va más allá de esto", dijo el fiscal general Grewal. "Los empleados cuentan con muchas protecciones bajo la ley, diseñadas para garantizar que se les trate justamente. En contraste, los contratistas independientes no cuentan ni siquiera con las garantías más básicas de protección laboral, tales como salario mínimo, horas extra, y remuneración a tiempo del dinero que han ganado. En términos simples, la clasificación erronea de empleados normales como contratistas independientes es un engaño, y tomaremos medidas legales contra cualquier empleador que actúe de esa forma de manera deliberada".

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