TRENTON – Con el objetivo de proteger a miles de Dreamers de Nueva Jersey contra una posible deportación, el fiscal general Gurbir S. Grewal pidió hoy que un tribunal federal le permita a Nueva Jersey intervenir como demandado en una demanda jurídica encabezada por Texas, cuya meta es suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés).
"Los Dreamers son tan estadounidenses como nosotros los que nacimos aquí, y haremos todo lo posible por protegerlos", dijo el fiscal general Grewal.
"Desafortunadamente, el Estado de Texas interpuso una demanda con el fin de forzar al gobierno federal a suspender las protecciones concedidas a los Dreamers, y dicha acción colocaría a 17,000 residentes de Nueva Jersey en riesgo de deportación. Típicamente, el Departamento de Justicia de EE.UU. tendría la responsabilidad de defender a DACA contra esta clase de demanda encabezada por Texas, pero en vista de todo lo que ocurre en Washington últimamente, queda claro que Nueva Jersey debe intervenir y proteger los intereses de Dreamers en nuestro estado y por todo el país".
El gobierno de Trump anunció su intención de suspender DACA en 2017, pero varios tribunales le prohibieron actuar en consecuencia. Texas y otros seis estados tramitaron reciéntemente una demanda en un tribunal federal en el Distrito del Sur de Texas, argumentando que DACA era ilegal puesto que fue creada sin ninguna acción por parte del Congreso. Esta demanda pretender obtener una orden provisional de prohibición que detenga la expedición o renovación de permisos futuros bajo DACA, y solicita una orden que dirija al gobierno federal a implementar su plan de suspender el programa DACA.
En un informe tramitado hoy con el tribunal federal en Texas, el fiscal general Grewal afirma que se le debería conceder el estado de Interveniente a Nueva Jersey ya que "una suspensión de DACA perjudicará diréctamente a Nueva Jersey y a sus residentes, puesto que el estado tiene un deber de proteger la salud y bienestar de ellos" .
Entre las personas que tramitaron declaraciones en el tribunal en respaldo del pedimento de Nueva Jersey se encuentran Robert L. Barchi, presidente de la Universidad de Rutgers, y Parthiv Patel, quien a principios de este año fue el primer Dreamer autorizado para ejercer derecho en Nueva Jersey.
Entre otros puntos, el informe de Nueva Jersey argumenta que el Estado tiene un interés privilegiado en garantizar "la operación continua y vitalidad" de agencias estatales que emplean a recipientes de DACA. El informe también menciona que Nueva Jersey tiene un fuerte interés en proteger su tesorería estatal, "la cual se beneficia de las contribuciones económicas y de los impuestos estatales y locales que pagan los recipientes de DACA", y en preservar " universidades y entidades educativas superiores vibrantes".
"Al no contar con la capacidad de trabajar para respaldarse a sí mismos, es posible que muchos estudiantes bajo el programa DACA se vean forzados a retirarse de la escuela sin terminar sus grados", argumentó el informe. "Ésto le costaría a las instituciones educativas públicas de Nueva Jersey cientos de miles de dólares por concepto de ingresos perdidos de matrículas".
Nueva Jersey es el hogar de unos 53,000 residentes que califican para el programa DACA, y a un total de 17,400 recipientes activos y actuales de DACA.
Aproximadamente 15,900 recipientes de DACA en Nueva Jersey tienen empleo en la actualidad; más de 900 son propietarios de su propios negocios; 7,800 están en la escuela; 5,600 prosiguen una licenciatura, o una maestría o un grado profesional; y unos 12,650 tienen un hermano, cónyuge o niño/a que es ciudadano/a estadounidense.
Según el informe del estado, un estudio reciente estimó que el poder adquisitivo de individuos elegibles para DACA en Nueva Jersey se encuentra en unos $679.7 millones. Si se suspende el programa DACA, según manifiesta el informe, Nueva Jersey perdería unos $19 millones al año, aproximadamente, en cuanto a ingresos fiscales.
Asimismo, es probable que una variedad de perjuicios a la "salud y bienestar" de los residentes de Nueva Jersey surgirá como resultado de eliminar DACA, incluyendo una inestabilidad financiera en muchos hogares, familias desgarradas, y un temor a la deportación resultaría en que algunos Dreamers no busquen la atención médica necesaria o no reporten actividades delictivas que hayan presenciado.
"Los Dreamers son empresarios, trabajadores asalariados y contribuyentes", indicó el fiscal general Grewal. "Tienen carreras, viviendas y automóviles propios, así como hijos, hermanos y cónyuges que son ciudadanos estadounidenses. Nuestro punto de vista en este asunto es el correcto, puesto que DACA es lícito, y podemos señalar una multitud de maneras en las que una suspensión del programa causará un perjuicio significativo al estado".
La fiscal general adjunta Rachel Wainer Apter, quien proporciona asistencia legal al fiscal general, dirige el caso y el pedimento de intervención fue tramitado por la Srta. Apter y por los fiscales generales adjuntos Kenneth S. Levine y Paul H. Juzdan de la Division de Leyes del departamento.
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