TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal y la División de Derechos Civiles anunciaron el día de hoy un acuerdo de compensación relacionado a dos casos separados de discriminación por discapacidad. Ambos casos involucran a residentes de Nueva Jersey con discapacidades a quienes se les negó permiso de tener perros de apoyo recetados médicamente por las juntas gobernantes de sus respectivos complejos de viviendas.

En un caso, el complejo residencial Harbortown Sail, ubicado en Perth Amboy, acordó pagar unos $10,000 a una inquilina de un condominio con el fin de resolver alegaciones de discriminación ilícita al denegar la solicitud de una mujer de tener a un perro de apoyo que, según indicó a la División su médico tratante, disminuiría su dependencia a analgésicos opiáceos.

En el otro caso, Landmark East Corp., la entidad corporativa propietaria de un complejo de viviendas en Ridgefield Park, pagó unos $16,000 a un residente con el fin de resolver alegaciones de discriminación ilícita al denegar permiso a un hombre para que tuviese un perro de apoyo recetado médicamente, y que su médico tratante describió como "necesario" para su salud.

"Estos acuerdos de compensación son justos y resuelven casos perturbadores, en los cuales las juntas gobernantes trataron con 'mano dura' a residentes con una discapacidad documentada, sin presuntamente reconocer la diferencia entre una mascota y un animal de apoyo emocional recetado a nivel clínico", indicó el fiscal general Grewal. "Estos casos deberían servir como un mensaje a los arrendadores, así como a las juntas gobernantes de condominios y de unidades de copropiedad a lo largo del estado: que la Ley contra la Discriminación de Nueva Jersey (LAD, siglas en inglés) fue creada para proteger los derechos de personas con discapacidades, incluyendo los que requieren de perros de servicio y animales de apoyo emocional. Estamos comprometidos a defender la ley LAD".

Harbortown Sail, una comunidad de condominios de viviendas al estílo adosado, permite que los propietarios de la unidad tengan una mascota doméstica, pero mantiene una política de "no mascotas" para los inquilinos. En julio de 2015, una pareja de esposo y esposa firmaron un contrato de arriendo por un año (la esposa sufre de múltiples condiciones médicas, incluyendo lups, diabetes, y neuropatía), y junto con el perro de apoyo de la esposa, comenzaron a ocupar una unidad de dos dormitorios.

La gerencia de Harbortown le indicó en agosto de 2015 a la esposa, identificada únicamente como "T.D." a fin de proteger su privacidad médica, que no se le permitía conservar al perro debido a que era inquilina. Como respuesta, T.D. presentó una carta de parte de su médico tratante, en la que el médico opinó que ella "cumple con la definición de discapacidad" y que necesitaba el perro de apoyo que le permita sobrellevar múltiples enfermedades. La junta de Harbortown rechazó la carta del doctor y denegó el permiso para que T.D. tuviese al perro, ya que la carta no estaba escrita utilizando un cuaderno plantilla médico oficial de recetas médicas.

Acto seguido, la junta envió una carta certificada al esposo de T.D., manifestándole que se daría por terminado el contrato de arriendo de la pareja, y que debían desalojar la propiedad que alquilaban antes del 31 de enero de 2016. Unicamente después que T.D. se deshizo de su perro de apoyo y mencionó dicha eliminación a la junta, a mediados de enero de 2016, la gerencia rescind la suspensión del contrato de arriendo.

Durante la investigación de la División de Derechos Civiles, el médico tratante de T.D. le dijo a un investigador que ella sufría de dolor crónico en sus brazos y su espalda baja, y que el perro de apoyo ayudaba a T.D. a cope con dicho dolor de mejor manera y, por lo tanto, utilizaría menos analgésicos opiáceos. El doctor también indicó que utilizó su propio office stationery al escribir una carta a la Junta de Harbortown a favor de ella, ya que es posible hurtar cuadernos planillas de recetas.

Además de la indemnización por unos $10,000 por concepto de acuerdo compensatorio, Harbortown debe modificar sus políticas sobre la revisión y el procesamiento de solicitudes de exención de su norma sobre "no mascotas".

Entre otros cambios, la Junta debe eliminar su requisito de que se presente documentación médica únicamente si está escrita en un cuaderno plantilla de recetas. La política modificada debe "reconocer que existe una diferencia entre un animal de servicio, tal como un perro de servicio, y un animal de apoyo emocional". La política actualizada también debe reconocer que, según la ley LAD, "no se consideran a los perros de servicio como mascotas, y los mismos tendrán derecho a acceso pleno y equitativo a toda acomodación en la vivienda.

Como parte del acuerdo compensatorio, se permite que T.D. presente una futura solicitud de permiso para tener un perro de apoyo en su unidad en Harbortown, y que la Junta debe regirse por su política modificada. La Junta también debe realizar arreglos para capacitar todos los empleados y gerentes de Harbortown sobre las leyes de vivienda justa aplicables a nivel federal y empleados.

En el caso de Landmark East, el residente H.G. sufre de ansiedad y de depresión.

Tres semanas después de haberse mudado a su unidad, H.G. escribió una carta a Landmark East, en la que pedía permiso para que un terrier de cinco libras viviera con él y le suministrara apoyo emocional. Una carta provista por su psicólogo clínico indicó que H.G. precisaba de un perro de apoyo emocional que le ayudara a sobrellevar la adversidad, funcionar de una manera más normal a diario y "mitigar los síntomas que experimenta en la actualidad".

A manera de respuesta, el abogado de Landmark East envió una carta a H.G., indicando que la Junta de Directores se hallaba "extremadamente perturbada" por su solicitud de tener un perro de servicio, y también lo acusaron de haber actuado "fraudulentamente" al fimar una carta de "no mascotas / no subarrendamiento" cuando recibió su unidad de vivienda.

Luego, H.G. obtuvo una segunda carta de parte de su médico tratante, en la que explicaba que un animal de apoyo emocional es "necesario para su salud emocional / mental". No obstante, H.G. no presentó formalmente dicha carta a Landmark East puesto que no le fue posible obtener un "formulario de solicitud sobre la verificación por un médico", la cual se le dijo que debería acompañar dicha presentación. De hecho, dicho formulario no existía.

El 19 de agosto de 2015, Landmark East envió un Aviso de Infracción a H.G., mencionando que se encontraba incumpliendo la restricción sobre no mascotas del complejo residencial, y que se le multaría $25 semanales por semana mientras que el perro permaneciera en su unidad.

Landmark también amenazó con suspender la participación accionaria de H.G. en su unidad dentro de una semana, y vender sus acciones en una subasta pública. Después que H.G. solicitó una remedio a través de la División de Derechos Civiles e incurrió en honorarios de abogados por miles de dólares, Landmark East decidió que su perro de apoyo podría permanecer.

Bajo el acuerdo de compensación anunciado el día de hoy, es necesario que la parte demandada haga arreglos para llevar a cabo una capacitación de sus gerentes de propiedad sobre anti discriminación, y "desarrollar políticas y procedimientos en consonancia con el acuerdo, con el objetivo de garantizar que se cumple con la "Ley contra la Discriminación."

Landmark East Corp. debe presentar a la División una supervisión de sus prácticas de vivienda por un período de dos años, y proporcionar una capacitación anti discriminatoria. Landmark East también está sujeta a una multa civil condicionada por $5,000.

El fiscal general adjunto Farng-Yi D. Foo, y el investigador de la División de Derechos Humanos Darren Bloom gestionaron el asunto de Harbortown a favor de la División. La fiscal general adjunta Beverley Lapsley y la investigadora de la División de Derechos Humanos Adriana Tovar gestionaron el asunto de Landmark East.

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