TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció que una pareja del condado de Ocean se declaró culpable, el día de hoy, de hurtar más de $1.4 millones a más de 20 víctimas que contrataban las compañías de reparaciones domésticas de dicha pareja a fin de arreglar sus hogares tras la Súpertormenta Sandy. Las víctimas pagaron a la pareja y a sus empresas para que repararan o reconstruyeran sus hogares, valiéndose principalmente de los fondos de ayuda de Sandy, pero se alega que la pareja desvió una gran parte del dinero con el objetivo de apostar y comprar artículos de lujo, dejando a los hogares en un estado de deterioro.

Jeffrey Colmyer, de 42 años de edad, y Tiffany Cimino, de 34 años de edad, residentes de Little Egg Harbor, N.J., se declararon culpables hoy, ante el juez Guy P. Ryan del Tribunal Superior del condado de Ocean, de los cargos de hurto al no realizar la disposición obligatoria de bienes recibidos. Según los términos de los acuerdos de culpabilidad, la parte acusatoria recomendará que se sentencie a Colmyer a siete años en la prisión estatal, y que se dicte una sentencia de régimen probatorio a Cimino.

Colmyer también se declaró culpable a cargos en el segundo grado de lavado de dinero a favor de las compañías de contratación de la pareja para reparaciones domésticas, Rayne Construcción Management Services, LLC (RCMS) y Colmyer & Sons, LLC. A los acusados se les dictará la condena el 7 de septiembre.

La Oficina del Fiscal General, a través de la División de Asuntos del Consumidor y la División de Leyes, obtuvo anteriormente una orden de consentimiento en una demanda jurídica contra la pareja y sus empresas, bajo la cual los acusados deben pagar unos $695,402 por concepto de restitución a las víctimas, y unos $655,243 al Estado de Nueva Jersey como restitución por los fondos hurtados de ayuda relacionados a Sandy. Una condición del acuerdo de culpabilidad es que los acusados pagarán dichas sumas, así como unos $104,000 adicionales como restitución a otras cinco víctimas que han sido identificadas, con lo que la cantidad total de indemnización suma unos $1,454,645. Asimismo, Colmyer debe pagar unos $56,472 al Estado de Nueva Jersey debido a impuestos atrasados que no pagó.

Los fiscales generales adjuntos John A. Nicodemo y William N. Conlow procesaron el caso y aceptaron las declaraciones de culpabilidad en nombre del Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal.

"Colmyer y Cimino explotaron despiadadamente a víctimas de Sandy cuyos hogares habían sido destruidos, hurtándo los fondos de ayuda salvavidas de estas víctimas que les permitirían reconstruir sus hogares luego de esta tormenta histórica", mencionó el fiscal general Grewal. "Al enviar a Colmyer a la prisión, enviamos un firme mensaje disuasivo: toda persona dispuesta a rebajarse a un nivel tan bajo y hurtar el dinero de ayuda de las víctimas tendrá que rendir cuentas severas".

"La profundidad de la codicia y el oportunismo despiadado que demostró esta pareja es difícil de imaginar", mencionó la directora Veronica Allende, de la División de Justicia Criminal. "Deseo elogiar a todos los asociados federales, estatales y locales que trabajaron con nosotros para garantizar que esta pareja se enfrentará a la justicia por sus delitos, los cuales causaron un mayor sufrimiento y dificultad a las víctimas, quienes figuraban entre los más afectados por la Súpertormenta Sandy".

Se arrestó a la pareja el 11 de octubre de 2016 como parte de una investigación conjunta del Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., y el Despacho de Investigaciones Criminales de la División de Impuestos de Nueva Jersey. La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey ayudó a dichas agencias, y la División había investigado anteriormente el asunto, tramitando el año pasado una acción civil contra los acusados en la que se alegaron numerosas infracciones de la Ley de Fraude al Consumidor, y solicitando una indemnización a favor de los consumidores así como multas civiles, entre otras cosas.

Colmyer y Cimino desviaron cientos de miles de dólares que sus víctimas pagaron a fin de que se repararan, elevaran y reconstruyeran sus hogares. La pareja empleó los fondos para pagar gastos personales, incluyendo la compra de joyas que Cimino adquirió, así como un anillo de diamantes por unos $17,000, y cientos de miles de dólares que Colmyer apostó en siete casinos en Atlantic City. Mientras tanto, abandonaron los trabajos, o en muchos casos ni siquiera empezaron las labores, dejando a muchas víctimas con hogares inhabitables. La mayoría de los fondos hurtados provinieron del programa de reconstrucción, rehabilitación, elevación y atenuación (RREM, siglas en inglés), el cual es un programa de ayuda relacionado a Sandy que administra el Departamento estatal de Asuntos Comunitarios, y financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. El programa RREM era el programa de indemnización para viviendas más extenso del estado, y brindó subsidios a los propietarios de viviendas afectadas que les permitía cubrir los costos de reconstrucción hasta por un máximo de $150,000 no cubiertos por seguros, ni por fondos federales de ayuda, ni por otras fuentes.

El caso fue investigado por el detective Michael Arduini, el detective Jordan Thompson, el fiscal general adjunto Nicodemo y por la ex analista Alison Callery del Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal, bajo la supervisión del teniente David Nolan, del jefe adjunto del despacho Mark Kurzawa y del ex jefe del despacho Michael A. Monahan. Trabajaron con agentes especiales de la Oficina del Inspector General de HUD. El fiscal general adjunto Derek Miller y la investigadora civil Debra Maiorano gestionaron las acciones de confiscación del estado.

El fiscal general Grewal agradeció al Departamento de Asuntos Comunitarios, al Despacho de Investigaciones Criminales de la División de Impuestos de Nueva Jersey, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD-OIG), a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., y al Departamento de Policía del Municipio de Little Egg Harbor por su valiosa asistencia en la investigación. El agente especial Kyle Mullane realizó la investigación en nombre de la División de Impuestos.

El fiscal general Grewal también elogió a la División de Asuntos del Consumidor por su investigación, por la interposición de la demanda jurídica, y por su cooperación. Los investigadores Joseph Iasso y Brittany Kieran realizaron la investigación en nombre del Despacho de Protección al Consumidor de la División de Asuntos del Consumidor. La demanda jurídica fue gestionada por la fiscal general adjunta Cathleen O'Donnell, en la Sección de Procesamiento Judicial relativo a Fraude al Consumidor en la División de Leyes.

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