TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal se unió el día de hoy a una demanda jurídica en la que se impugna las políticas del gobierno federal respecto a la aplicación de leyes fronterizas, incluyendo su negativa a aceptar a los inmigrantes que solicitan asilo y la práctica de separar forzosamente a las familias, caracterizada como "cruel e ilegal".
En una denuncia federal de cinco cargos encabezada por el estado de Washington, a la cual se unen otros 16 estados y el Distrito de Columbia, Nueva Jersey alega que el gobierno de Trump está traumatizando a niños, violando la Constitución de Estados Unidos y socavando los intereses soberanos de los estados a fin de "crear un espectáculo público diseñado para disuadir a posibles inmigrantes" de pedir asilo en los Estados Unidos.
"La práctica gubernamental de separar a las familias es, sencillamente dicho, cruel", señaló el fiscal general Grewal. "Parece que, a diario, la administración emite nuevas políticas contradictorias y se ampara en justificaciones nuevas y contradictorias. Pero no hemos de olvidar: la vida de personas reales están en juego. Cientos de niños permanecen en un estado de separación forzada de sus padres. Nuestro país se merece algo mejor".
"En vez de traumatizar a las familias, deberíamos protegerlas. Deberíamos resguardar a los niños, y no utilizarlos como apalancamiento en un esfuerzo a medias que pretende disuadir la inmigración ilegal", mencionó el fiscal general.
Desde el 19 de junio, según la demanda, las tácticas federales de aplicación de leyes fronterizas resultaron en la separación de más de 300 niños de sus padres, y la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, la cual supuestamente acabó con la política de separación de familias, no contiene ningún plan para reunir a las familias separadas.
La demanda alega que las autoridades del servicio de inmigración han separado "hasta a niños pequeños de sus padres, a menudo sin ninguna advertencia, ni la oportunidad de decirles adios, ni proporcionándoles información sobre los lugares a los que serán llevados los niños o cuándo se verán de nuevo".
Además del impacto humano de la política migratoria de "tolerancia cero", la denuncia alega que ésta afecta negativamente a Nueva Jersey y a los otros estados participantes por medio de "forzar a que los estados empleen recursos para reparar el daño" causado a las familias.
"Los programas estatales, incluyendo los servicios de bienestar infantil, los servicios sociales y de salud, así como los tribunales y las escuelas públicas, experimentan un impacto fiscal que no hará más que aumentar", afirma la denuncia.
La política federal también socava los intereses soberanos de los estados "respecto a hacer cumplir sus leyes que declaran que el núcleo familiar es un recurso fundamental de la vida estadounidense"; es un recurso que no debería ser perturbado ni hendido "a menos de que el derecho básico de un niño/a a la crianza, la salud y la seguridad esté en peligro".
La ley de Nueva Jersey declara que "la preservación y el fortalecimiento de la vida familiar es un asunto de interés público" e incluye una orden de "hacer todo esfuerzo razonable... para preservar a la familia e impedir que surja la necesidad de separar al niño/a de sus padres".
Además, como indica la demanda en relación a la ley de Nueva Jersey, "cualquier procedimiento que pudiese resultar siquiera en una pérdida temporal de la custodia de un niño/a implica el derecho constitucional a nivel estatal que un padre tiene a ser representado por un asesor legal".
La demanda señala que algunos padres, a quienes se les separó de sus niños/as a la fuerza en la frontera, se hallan detenidos actualmente en el Centro de Detención de Elizabeth, ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey, mientras que aquellos niños/as separados a la fuerza de sus padres han sido reubicados al Centro de Servicios para la Familia, en Camden. La demanda explica que la política de separación familiar y la consiguiente "afluencia" de familias inmigrantes fragmentadas perjudica la capacidad que los estados demandantes tienen (incluyendo a Nueva Jersey) en cuanto a proteger el bienestar, los derechos civiles y las libertades de todos sus residentes.
"La provisión de los servicios necesarios para atender las necesidades físicas, psicológicas y legales de padres y niños a quienes se les separó a la fuerza agobiará los sistemas estatales incluyendo, entre otros, a los sistemas de crianza temporal de los estados, así comos sus sistemas de bienestar y tribunales para menores, y los sistemas de atención médica y de educación que son financiados públicamente", argumenta la demanda.
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