TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal instó al gobierno de Trump el día de hoy a preservar las pautas federales actuales sobre la disciplina escolar que desaliente el uso de la expulsión, o de la suspensión, y de otras formas "excluyentes" de disciplina, ya que se imponen de manera desproporcionada dichas medidas disciplinarias a niños de otras razas; ésto conlleva a que todos los niños tengan un rendimiento académico deficiente. La administración de Trump ha amenazado con derogar las pautas formuladas hace cuatro años.

En una carta que fue enviada el día de hoy, y con destinatario doble (a Betsy DeVos, la Secretaria de Educación de EE.UU., y a Jeff Sessions, el Fiscal General de EE.UU.), el fiscal general Grewal y otros 10 fiscales generales participantes dijeron que "se oponen firmemente" a todo esfuerzo que rescinda o debilita el Paquete federal de Pautas Disciplinarias Escolares, expedidos en 2014, ya que beneficia tanto a los estudiantes como a los docentes.

En particular, como indica la carta multiestatal, el Paquete de Pautas Disciplinarias Escolares requiere que, en la medida posible, se evite utilizar la "exclusión escolar" como método de disciplina; en cambio, el Paquete defiende la aplicación de dichas alternativas como Intervenciones y Respaldos para un Comportamiento Positivo (PBIS, siglas en inglés), y Aprendizaje Socioemocional.

La carta explica que las múltiples fuentes, incluyendo un informe expedido a principios de este año por la Contraloría General Federal (GAO, siglas en inglés), han hallado que las suspensiones y otras formas excluyentes de administrar disciplina contribuyen a dichos perjuicios como niveles escolares por repetir, una probabilidad mayor de delincuencia juvenil, demoras en graduarse y en estudiantes que abandonan completamente los estudios. Si solo hablamos de los estudiantes que abandonaron la secundaria debido a suspensiones, le costarían aproximadamente $2.7 mil millones al estado de California, e incluiría los salarios perdidos y recaudación fiscal, aumento en el delito, y costos mayores relacionados con la salud y el bienestar.

La carta considera como "realmente pasmante" la estadística citada en el informe de GAO: en relación a suspensiones, los estudiantes están representados en exceso por "aproximadamente unos 23 de puntos de porcentaje".

Como indica la carta, otra determinación clave en el informe de GAO indica que la parcialidad implícita por los oficiales escolares puede contribuir al desequilibrio en la imposición de disciplina escolar.

"Las Pautas de 2014 abordan asuntos importantes, incluyendo parcialidad implícita y tratamiento desparejo en la administración de disciplina escolar", mencionó el fiscal general Grewal. "Rescindir las Pautas en estos momentos sería contraproducente y perjudicaría de forma real a nuestros estudiantes, a nuestras escuelas y a nuestro Estado".

"Cuando la desigualdad existe en las aulas de clase, las personas esperamos que nuestros líderes nos provean dirección", señaló Lamont O. Repollet, Comisionado de Educación de Nueva Jersey. "Por esa razón se crearon las pautas. Su eliminación manifestaría que el Departamento de Educación de EE.UU. está eludiendo su deber de asumir su papel de liderazgo, y enviaría un mensaje equivocado a los niños protegidos deliberadamente por dichas pautas".

La carta multiestatal del día de hoy afirma que "no sorprende el hecho que numerosas organizaciones de derechos civiles, incluyendo la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, ACLU, Comité de Abogados en pro de Derechos Civiles bajo la Ley, NAACP, Disability Rights California, y casí 150 grupos más, han expresado su oposición" a la acción jurídica con la que amenaza el Departamento de Educación.

La carta continúa recordando a la Secretaria DeVos y al Fiscal General Sessions que sus dos agencias tienen una responsabilidad bajo ley de salvaguardar los derechos de los estudiantes, y les pide que mantengan en vigor las pautas federales de hace cuatro años

"Hacer lo opuesto sería una renuncia al papel vital que juega su agencia, tal como lo estableció el Congreso, de proteger los derechos civiles de los estudiantes", concluye la carta.

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