TRENTON – Con el objetivo de proteger a miles de residentes de Nueva Jersey que podrían encararse a una deportación debido a que el gobierno de Trump suspendió su Estado de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), el fiscal general Gurbir S. Grewal instó a un tribunal federal, el día de hoy, a no desestimar una demanda pendiente que impugna las suspensiones de TPS.

En un informe amicus interpuesto ante el Tribunal Distrital de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, el fiscal general Grewal unió su voz a fiscales generales provenientes del Distrito de Columbia, Massachusetts, California y otros estados al argumentar que (1) el Tribunal cuenta con plena autoridad para revisar y emitir un fallo sobre la reciente suspensión de TPS, por parte del gobierno federal, en relación a ciudadanos extranjeros que provienen de Haití, El Salvador y Honduras, y (2) la suspensión de TPS, en el caso de los inmigrantes que provienen de los países afectados, afectará a menores de edad, a familias, a negocios, a comunidades y, a final de cuentas, a la economía de EE.UU. en su totalidad.

Bajo la ley federal, TPS suministra un estado de protección temporal a ciudadanos extranjeros en EE.UU. provenientes de países azotados por conflicto armado, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Aproximadamente 14,000 ciudadanos extranjeros de Haití, El Salvador y Honduras viven y trabajan en Nueva Jersey bajo la protección de las designaciones de TPS que se concedieron hace años, después que dichos países sufrieron catástrofes naturales.

"El gobierno federal persiste en su intento de expulsar a decenas de miles de inmigrantes que trabajan incansablemente y cumplen con la ley, incluyendo a muchos propietarios de hogares y de negocios en Nueva Jersey que se han convertido en miembros valiosos y contribuyentes en las comunidades donde viven y crian a sus hijos", dijo el fiscal general Grewal.

El informe interpuesto hoy habla sobre el perjuicio que los estados sufrirán a medida que empleos en los campos de enfermería, construcción, hospitalidad, servicios alimenticios, jardinería, cuidado infantil y comercios minoristas (trabajos primordialmente ocupados por beneficiarios de TPS) quedan vacantes, y a medida que se obliga a los residentes que son dueños de propiedades y compran hogares, hacen compras regulares y se comportan como consumidores normales a marcharse del país.
El fiscal general Grewal señaló que la expulsión de EE.UU. de dichos inmigrantes (y, por ende, de la mano de obra local) podría costarle a Nueva Jersey más de $872 millones, según un informe por Center for American Progress.

Asimismo, existen aproximadamente 9,000 ciudadanos estadounidenses que viven en Nueva Jersey y cuyos padres son beneficiarios de TPS. La deportación de sus padres traumatizaría a los niños, causando un grave perjuicio emocional a miles de familias.

"Miles de vecinos nuestros podrían confrontar un regreso a condiciones inestables e inseguras en los países de donde provinieron, y también se confrontarían a posibles perjuicios que sus familias sufrirían debido a la distancia, a la separación y al desplazamiento", indicó el fiscal general Grewal. "Si el gobierno federal triunfa en llevar a cabo su despiadado y errado plan de rescindir los TPS de inmigrantes trabajadores, una cantidad innumerable de vidas serán perjudicadas y se causará un daño inimaginable al tejido social de nuestras comunidades. Debemos repeler dichos esfuerzos".

El fiscal general Grewal también notó que la suspensión de TPS en el caso de extranjeros provenientes de Haití, El Salvador y Honduras conllevará sin duda a problemas de seguridad, a medida que los beneficiarios de TPS tomarán refugio "en la clandestinidad" y temerán que el reportar un delito o cooperar con los organismos del orden público resultará en su deportación.

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