El Circuito del Distrito de Columbia desestima la apelación de la decisión del Tribunal de Distrito que invalidó los límites de la Administración Trump sobre la elegibilidad de los cupones de alimentos

TRENTON—Hoy, el fiscal general Gurbir S. Grewal ha anunció que un tribunal federal de apelaciones ha desestimado la apelación del gobierno federal a una decisión de un tribunal inferior que se ponía del lado de New Jersey y rechazaba una norma de la Administración Trump que habría cortado los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) -conocido comúnmente como "cupones de alimentos"- para aproximadamente 700.000 estadounidenses.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le informó al tribunal que deseaba abandonar su propia apelación de una decisión de la corte federal de 2020 a favor de una coalición de fiscales generales, incluyendo el fiscal general Grewal, que derribó la política. La regla desafiada, que fue emitida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en noviembre de 2019, habría limitado la capacidad de los Estados para extender los beneficios de SNAP más allá de un período de tres meses para ciertos adultos.

Por lo general, las personas no discapacitadas sin dependientes deben cumplir con los requisitos de trabajo para recibir más de tres meses de beneficios de SNAP en cualquier período de 36 meses. Pero el gobierno federal ha permitido históricamente a los Estados continuar con los beneficios del SNAP más allá de los límites de tiempo habituales para las personas en áreas de alto desempleo, porque esas personas a menudo tienen más dificultades para cumplir con los requisitos de trabajo. La norma desafiada habría restringido la capacidad de los Estados para proporcionar tales extensiones.

"Esta es una victoria importante en nombre de las familias necesitadas aquí en New Jersey y en todo el país", dijo el fiscal general Grewal. "Como todos reconocemos, la pandemia de COVID y otros factores han causado dificultad para muchos, y esta regla ilegal de haber quitado los beneficios del SNAP a las personas que pasan hambre se debía detener. Estamos agradecidos de que la Administración Biden haya decidido dejar de defender la política de la última administración, y nos alegra que la inseguridad alimenticia no se imponga a muchas familias que ya la están combatiendo." 

"Aplaudimos a la Administración Biden por moverse para poner fin a este cambio potencial en el programa SNAP que habría perjudicado a tantos residentes de New Jersey al poner en riesgo los beneficios críticos del SNAP", dijo la comisionada interina de Servicios Humanos, Sarah Adelman. "Nos complace escuchar que New Jersey podrá seguir utilizando la flexibilidad necesaria para garantizar que las personas sin dependientes que enfrentan dificultades económicas difíciles, tengan acceso a la asistencia alimenticia más allá de cualquier límite de tiempo. Esta es una gran victoria, y agradezco a todos los que lucharon contra este cambio para proteger los beneficios de SNAP."

SNAP ha servido como la principal respuesta al hambre del país, desde que fue autorizado por primera vez en 1977, y es una parte crítica de los esfuerzos federales y estatales para ayudar a sacar a los estadounidenses de la pobreza. El programa proporciona acceso a la nutrición a millones de estadounidenses con ingresos limitados que, de otro modo, lucharían contra la inseguridad alimenticia. 

Aunque el gobierno federal paga el costo total de los beneficios de SNAP, reparte los costos de la administración del programa con los Estados, que son los que lo gestionan.

En su ley federal de la reforma de la asistencia social de 1996, el Congreso aprobó por primera vez los requisitos de trabajo y el límite de tres meses de los beneficios para los adultos desempleados y saludables sin dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés). Pero la ley concedió a los Estados la capacidad de solicitar exenciones a los requisitos de trabajo y al límite de tres meses si el Estado -o parte del Estado- tiene una tasa de desempleo superior al 10%, o no tiene suficientes puestos de trabajo para los beneficiarios del SNAP que residen allí.

En la norma desafiada, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, trató de imponer nuevos límites a la capacidad de los Estados para obtener exenciones, a pesar de que el Congreso ha rechazado repetidamente dichos límites, más recientemente en 2018.

En enero de 2020, New Jersey, otros 19 Estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de New York demandaron para anular la norma, afirmando que socavaba la intención del Congreso para el programa de cupones de alimentos, y que el USDA había violado el proceso de elaboración de normas federales. La coalición le pidió al tribunal que detuviera inmediatamente la aplicación de la norma para evitar que se perjudique a las personas que dependen del programa de asistencia alimentaria y a los Estados que lo administran.

En marzo de 2020, el tribunal accedió parcialmente a la petición de la coalición, suspendiendo la aplicación prevista para el 1 de abril de partes significativas de la norma mientras el caso seguía su curso.

En octubre de 2020, el tribunal emitió una decisión de 67 páginas que anulaba la norma en su totalidad. 

El Departamento de Justicia de EE.UU. apeló antes del cambio de administración. Sin embargo, a principios de esta semana, el Departamento pidió al Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, que desestimara su recurso, y el Tribunal lo hizo el martes.

Como resultado, la decisión del tribunal de distrito que anula la norma del USDA es definitiva, y las reducciones de los beneficios del SNAP no entrarán en vigor.

La coalición que desafió la regla SNAP de la Administración Trump incluyó al fiscal general Grewal, así como a los fiscales generales del Distrito de Columbia, New York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New México, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia. También participó la ciudad de New York.

Sobre la base de estos esfuerzos para defender el SNAP del intento de retroceso de la Administración Trump, el fiscal general Grewal se unió a una carta multi-estatal al Congreso la semana pasada en apoyo de la Ley de Mejoría del Acceso a la Nutrición. Si se promulga el proyecto de ley, eliminaría las limitaciones en el período de tiempo durante el cual los ABAWD pueden acceder a los beneficios del SNAP.

La carta de la coalición argumenta que esas limitaciones han demostrado ser ineficaces para fomentar el empleo, y sólo sirven para impedir que aquellos que no pueden encontrar trabajo, accedan a la nutrición esencial. También señala que el proceso por el que los Estados pueden solicitar exenciones de los límites de tiempo prescritos, crea importantes cargas administrativas para los Estados, y que los datos necesarios no siempre están disponibles. Además, la aprobación de la Ley de Mejoría del Acceso a la Nutrición evitaría que las futuras administraciones intentaran cortar la asistencia nutricional mediante la elaboración de normas.