| NEWARK – Bajo los términos de un acuerdo de Final Consent Judgment (Fallo Final de Consentimiento) que concluye una demanda puesta por el Estado en la Corte Superior en Bergen County, al dueño de Moving Max, Inc., una compañía de mudanzas y almacenamiento de Fair Lawn, y al padre del dueño, se les ha prohibido permanentemente de tener o trabajar en tales negocios en New Jersey. Además como parte del acuerdo, 18 consumidores que se quejaron de que sus posesiones fueron retenidas hasta que pagaran mucho más por los costos de la mudanza de los precios acordados, serán reembolsados por sus pérdidas.
Los consumidores que pusieron quejas con la División alegan que Moving Max, Inc., ofreció falsos estimados de bajo costo, y una vez que tuvieron posesión de la propiedades personales de los consumidores, los amenazaron con retener los artículos hasta que un precio más alto – a veces hasta el doble del precio acordado- fuera pagado inmediatamente en efectivo o por giro postal.
La Division of Consumer Affairs puso la demanda en Julio del 2014, diciendo en su queja de 10 cargos que Moving Max, Inc., y ambos Adam y Oziel Eliad cometieron múltiples violaciones del Public Movers and Warehousemen Licensing Act (Acta de Licencia de Mudanzas y Almaceneros) y sus relacionadas regularizaciones, y del Consumer Fraud Act (Acta de Fraude para el Consumidor). Los Eliads también se alega violaron los términos de un Final Consent Judgment de Febrero del 2007 relacionado a una previa compañía de mudanzas que tenían.
“A través de este acuerdo, los consumidores que fueron victimizados por los Eliads obtendrán de vuelta el dinero que ganaron con tanto sudor,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “También estamos protegiendo a los consumidores que en el futuro tengan que usar una compañía de mudanzas prohibiendo a los Eliads del negocio de mudanzas y almacenamiento en New Jersey.”
La investigación conducida por la Division of Consumer Affairs reveló que los acusados dieron a los consumidores estimados falsos de bajas ofertas vía el internet. Estas ofertas fueron aproximadamente de entre $225 a $921. Pero después que las propiedades de los consumidores fueron cargadas en los camiones de mudanzas, los acusados demandaron un precio de un aumento excesivo de los precios de ofertas, oscilando aproximadamente entre $500 a $1,665.
Los acusados intentaban justificar estos incrementos con exorbitantes y falsos cargos que no habían declarado o discutido con los consumidores de ante mano. Estos incluían cargos innecesarios de empaquetamiento; uso de cintas adhesivas y mantas que no eran necesarias o que ni siquiera las habían usado; e incluso un “EPA” un cargo que no estaba incluido en las tarifas de la compañía, que es una programación formal de las tasas y cargos puestos con la Division of Consumer Affairs.
Cuando los consumidores protestaron de estos incrementos, se alega que los acusados los amenazaron con llevarse las pertenencias de los consumidores y retenerlas hasta que se pagara por efectivo o por giro postal.
La demanda también alega, entre otras cosas, que los acusados: no condujeron una inspección de las pertenencias de los consumidores en el lugar de la mudanza; no le dieron a los consumidores una copia del folleto mandado por el Estado: “Important Notice to Consumers Using Public Movers” (Información Importante para los Consumidores que Usan Mudanzas Públicas y Almaceneros) intencionadamente escondieron formularios de contratos para que no fueran leídos por los consumidores, que fueron luego presionados para firmarlos sin el apropiado reviso; y no proveyeron a los consumidores con un estimado por escrito o un contrato formal.
“Moving Max se alega, ilegalmente cargaron a los consumidores con pagos excesivos y añadieron costos a un tiempo cuando estos estaban muy vulnerables, cuando sus pertenencias ya estaban en el camión de mudanzas. Cuando se enfrentaron con el hecho de ver a sus pertenencias en un camión en marcha, muchos de los consumidores se sintieron indefensos y pagaron los costos. Con este acuerdo, el dinero gastado para pagar a estos incrementos ilegales y engañosos pronto serán reembolsados a los afectados consumidores,” dijo Steve Lee, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado.
Los restantes $250,622 en multas civiles y cargos de investigación y de abogados son suspendidos porque los Eliads no tienen la habilidad financiera de hacer esos pagos a este tiempo. Se requiere de los Eliads que remitan las declaraciones de impuestos estatales y federales a la Division of Consumer Affairs durante los siguientes 5 años. Si cualquiera de los acusados alcanza cierto nivel de ingresos, el pago de las suspendidas multas civiles y costos y pagos de reembolso empezará.
El investigador Vincent Buonanno de la Oficina de Protección al Consumidor dentro de la División de Asuntos del Consumidor condujo la investigación.
La Delgada del Fiscal General Patricia Schiripo, Jefa Asistente de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor Dentro de la División de Leyes representó al Estado en esta acción.
Los consumidores que creen que fueron engañados o defraudados por un negocio, o sospechan cualquier otro abuso al consumidor, pueden poner una queja en línea (www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf) con la State Division of Consumer Affairs o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama dentro de New Jersey) o al 973-504-6200.
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